Entidades de ambientalistas tienen garantizada una silla en las reuniones en las que se dé a conocer el estado de polución de la cuenca Salí-Dulce. Así lo estipula el convenio que suscribieron los defensores del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, y de Tucumán, Hugo Cabral. Sin embargo, no todos los grupos que luchan por el medio ambiente serán aceptados.
Dos puntos del acuerdo amparan la participación de estos. "Convocar a una ronda de consulta a entidades ambientalistas locales, sectores sociales concernidos o legítimamente interesados en la preservación del ambiente y el desarrollo sustentable de la cuenca, las ONG y asociaciones legalmente constituidas a tales efectos, para poner en conocimiento de las mismas lo actuado por las Defensorías y la información que generen las autoridades respectivas", indica el artículo 3º. El artículo 5º aclara que los grupos que participarán de las reuniones amplias deberán estar "legalmente constituidas (...) antes del 30 de marzo".
En los considerandos se reconoce el rol de estas agrupaciones en la concientización y en la defensa del ambiente. "La información ambiental y la participación social son derechos consagrados de los ciudadanos, que permiten un canal permanente de intercambio de ideas, experiencias y conocimientos entre gobernantes y gobernados", agregan.